Izquierda Republicana Andalucía

La Audiencia Nacional ha juzgado a 16 ciudadanos acusados de quemar fotografías de Juan Carlos de Borbón y Borbón, designado por la franquista Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, rey de España con el nombre de Juan Carlos I, luego sucesor del dictador fascista Francisco Franco, ergo régimen seudodemocrático, interrupto y tutelado.

Afortunadamente, la cuestión ha quedado en mera falta por alteración de orden pública (a lo mejor por lo de que saltara alguna chispa durante la quema). Pero no queremos dejar de puntualizar algo a la sazón de este hecho.

La fiscalía de la Audiencia Nacional sostenía que este hecho está incurso en el Artículo 491.2 del vigente Código Penal que literalmente dice:”Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.“

Todo un capítulo del Código Penal dedicado a los delitos contra la Corona, que en los artículos 485 a 491, no hace más que agravar las penas de los delitos de muerte, lesiones, secuestro, retención ilegal, injurias, calumnias, además de la conspiración y colaboración para la comisión de ellos, ya previstas para el resto de los ciudadanos.

Las calificaciones penales de actos relativos a estos hechos son claras, o al menos deben serlo a nivel legal. La injuria sobre mi persona es exactamente igual que sobre el Rey o la calumnia deja de serlo si el hecho imputado se demuestra cierto sea Juan Español Español o el Rey.

Es ese punto 2 del Artículo 491 que reseñamos en el primer párrafo el que da un carácter singular a todo este asunto. Algo tan ambiguo y de elástica interpretación como “lo que de cualquier forma pueda dañar el prestigio de la Corona”. ¿Qué puede dañar el prestigio de la Corona que no sea injuria o calumnia? ¿Algo que sea cierto?

Para nosotros, nada ni nadie en una democracia real puede sustraerse al imperio de la ley y la verdad, y ninguna democracia está realmente implantada y desarrollada hasta que no se alcanza este punto.

De acuerdo, absurdamente de acuerdo más bien, con el dichoso punto 2, si quemamos una imagen de Alfonso XIII, Carlos III o Felipe V, cometemos el mismo delito que si quemamos la de Juan Carlos I. No obstante no lo cometeríamos si quemamos una imagen de Wamba, Carlos II, Felipe IV o Amadeo de Saboya.

¡Vivir para ver!

Foto: elperiodico.com

Cuando día si y día también se habla en todos lados de la crisis económica, vamos y nos topamos con la siguiente noticia.

Está claro que la casa real no es la única entidad a la que en nuestro país parece no afectar la crisis económica, aunque también es cierto que con esta noticia el monarca español demuestra nuevamente su poca sensibilidad, puesto que mientras los/as ciudadanos/as de a pie desgraciadamente todos los días nos topamos con que perdemos más y más poder adquisitivo (cada vez nos encontramos con más dificultades para poder acceder a cosas elementales como la vivienda o el empleo) va dicha persona y se compra (por supuesto no con su dinero, si no con los tributos que todos/as aportamos anualmente por medio de nuestros impuestos) para restregarnos (no digo que de manera consciente) que él y su familia no entiende qué es eso de la crisis, dejando bien claro que no son de este mundo…

¿Hasta cuándo vamos a mantener que haya gente que viva a cuerpo de rey (sin faltarles absolutamente nada) a nuestra costa mientras nosotros/as (que mantenemos y perpetuamos esta situación) tenemos cada día más y más dificultades para acceder a productos básicos?

El diario estándar de la derecha sevillana, ABC de Sevilla, testimonio vivo de la Sevilla católica tradicionalista y monárquica conservadora, incluía en su edición escrita del día 20 de julio la siguiente nota acompañada de la imagen que reproducimos íntegra y literalmente (la cursiva es nuestra):

Los Reyes de España aterrizaron ayer en Son Sant Joan (en la imagen). Sus Majestades permanecerán en Palma de Mallorca hasta finales de agosto y compaginarán su apretada agenda oficial (sic) con pequeñas escapadas (sic) para disfrutar de uno de sus deportes favoritos: la náutica. A su llegada fueron saludados por el presidente de la Comunidad balear y otras autoridades civiles y militares, con quienes mantuvieron una breve conversación antes de dirigirse al automóvil –conducido por el propio Don Juan Carlos (sic)- hacia el Palacio de Marivent. En los próximos días, Su Majestad recibirá a los presidentes de Mauritania, de Venezuela y de Kazajistán, además de tener las habituales audiencias con el presidente del Gobierno

En la España del siglo XXI, ¿quién dijo que no hay reyes y súbditos? Ridículo, absolutamente ridículo… Y caro, una casa real muy gravosa para el erario público y vergonzosa para una pretendida ciudadanía soberana.

No demoremos más la reforma constitucional, más que caduca ya una Constitución de compromiso ad hoc para la llamada Transición… incluyendo, claro, la figura de la jefatura del Estado.

El Rey es un crápula, se afirma públicamente, retrotrayendo tal calificativo a sus antecesores de la dinastía de los Borbones, y una Fiscalía General del Estado actúa de oficio por delito de injurias al monarca. Crápula, según la RAE, sujeto de vida licenciosa, o sea, dado a vicios, es decir, moralmente defectuoso en sus acciones, o bien defectuoso o excesivo en torno a costumbres.

¿Esto es injuria delictiva? Opinar que eran licenciosas acciones o costumbres de…, vayamos atrás, a ver, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Don Juan, pues lo dejamos estar (muertos ya), pero ciertas costumbres y excesos, históricamente coleccionados, facilitan decantarse por tal opinión. Repitamos: opinión, no injuria delictiva.

Opinar que Juan Carlos de Borbón, Rey vivo y monarca actual de España, representante máximo de la Casa Real española, es moralmente excesivo en ciertas acciones, costumbres o usos de libertad privilegiada, pues creemos que tampoco, francamente algo desproporcionado y atentado contra la libertad de expresión y opinión.

«¿En qué país que se rija por una constitución plenamente democrática puede existir un Jefe de Estado que sea declarado irresponsable total haga lo que haga?» (Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona, moción que preparan municipios de IULV–CA, a la que Izquierda Republicana de Andalucía se une).

¿Entramos en los gastos de la casa del Rey, que sumados pueden ascender a 25 millones de euros, mantenimiento de sus palacios en usufructo (unos 140 millones de euros a cargo del patrimonio Nacional), del parque móvil de 60 vehículos blindados, costeado por el Ministerio de economía y Hacienda, cuando «La Familia Real Española» procede del exilio y no dispone de propiedades inmuebles, terrenos, etc. del pasado. Cuando Alfonso XIII se fue al exilio todas las propiedades reales fueron adscritas a Patrimonio Nacional por el gobierno de la República y ahí se mantienen.

Que la Constitución otorgue al Rey el disponer libremente de la asignación anual no quiere decir que no se dé cuenta de los sueldos de cada miembro de la Familia Real. Se trata de dinero público y hay Casas Reales europeas que publican estos gastos en Internet.

La Constitución no dice nada de las rentas ni del patrimonio del monarca, y según la prensa belga Juan Carlos I ocupa el tercer lugar en fortuna y patrimonio calculado en 1.700 millones de euros en el ranking de las «Casas Reales europeas» (Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona).

Aunque, probablemente, para manifestar nuestro más absoluto desacuerdo con este despropósito de calificar de oficio como un delito de injurias de consecuencias desproporcionadas a las expresiones más arriba citadas, si llegase a efecto, baste con remitirse ala Declaración Universal de los Derechos Humanos:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión»

Documento Adjunto:

Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona.