La última medida anunciada por el Gobierno Español como paliativo de la denominada crisis económica (financiera), la inyección de dinero público (el de nuestros impuestos directos e indirectos mayormente, vaya) a la Banca y allegados empresariales privados en la cantidad aproximada de cincuenta mil millones de euros, no hace más que reflejar, una vez más en la larga historia del capitalismo liberal, la incapacidad de asegurar una economía con fin social y carácter estable (empleo no precario, salarios dignos con suficiencia de poder adquisitivo correlativo al IPC, pensiones igualmente suficientes, vivienda sin asfixia hipotecaria, crédito empresarial disponible, financiación que garantice una educación y atención sanitaria poblacional equitativa…) en un régimen de mercado libre con autorregulación excluyente de intervencionismos estatales.
Dicen que se está produciendo caída libre de las bolsas o de la liquidez financiera. Es una cuestión acorde con el principio de gravedad: lo que libremente sube, libremente ha de caer. Otros pondrán la red, dicen los mercaderes especuladores que, evidentemente, miran desde arriba esperando que ahora las inyecciones de dinero público eleven de nuevo la liquidez para convertirla de inmediato en “su” liquidez, y hasta la próxima.
La medida paliativa no es mala en tanto y en cuanto incida positivamente en el empleo, el mantenimiento de la productividad de las pequeñas y medianas empresas, la garantía del ahorro ciudadano, etc. Quiere esto decir que será buena, si la ayuda conlleva para la entidad receptora condiciones de uso (que no de abuso) que, de no aceptarse, pues no se recibe y en paz. Se nacionaliza la entidad lo necesario para sostener los objetivos sociales que tenga comprometidos financieramente, y luego ya veremos.
La medida paliativa tampoco es mala si se acompaña de una cláusula de revisión para los casos de uso indebido, que ya sabemos a lo que van los tiburones en cuanto ven carnaza, con la consiguiente devolución de lo recibido. Igualmente, incorporación de unos plazos de devolución de lo percibido (prestado) con los correspondientes intereses según plazos: no es más que lo que cotidianamente nos hacen las entidades financieras privadas, y con usura por cierto que no sería el caso en lo expuesto sobre devolución de lo prestado por el Estado.
Por último, bienvenida sea la necesaria intervención estatal ante una crisis provocada por el enriquecimiento y afán de lucro desmedido dejado a su ser natural (el ser natural de un colectivo mezcla de intereses privados ajenos o contrapuestos al interés general, usura, especulación sin límite, lucro voraz…, en una palabra: AMORALIDAD social), siempre y cuando esta colectivización del capital financiero suponga que, igual que ahora se socializan las pérdidas de ese sector privado debido al nunca inocente y siempre injusto mercado libre sin Estado que lo regule, desde YA se pongan en marcha iniciativas gubernamentales con vistas a una presente y futura socialización de los beneficios de tales corporaciones.
¿Cómo? Con una nueva perspectiva económica muy diferente y socialmente acentuada donde, entre otras posibles medidas a encauzar de manera práctica en los distintos servicios de la economía:
Este tema, eternizado sin motivo, es una reivindicación reconocida ya desde el anterior estatuto andaluz (año 1981), como justa en consonancia con las circunstancias socioeconómicas específicas de Andalucía en su devenir histórico: “Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo” (Estatuto de Autonomía de Andalucía. Disposición adicional segunda.1981).