Izquierda Republicana Andalucía

Como ya saben, la candidatura electoral a las próximas elecciones europeas, Iniciativa Internacionalista – la Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), ha sido ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno español, y en aplicación de la ley de partidos políticos, de 2002.

Aduciendo de nuevo, y de nuevo arbitrariamente, que una organización política no es más que ETA o su entorno guerrillero, o un supuesto sucedáneo de la ilegalizada Batasuna, se consuma (uno más) un grave atropello democrático.

La democráticamente infumable Ley de Partidos de 2002, ley de excepción realizada ad hoc entre PP y PSOE (la alternancia monárquica en el poder), vuelve a servir de arma arrojadiza contra iniciativas políticas, fruto de voluntades libres que se promueven como opción de representación democrática para sectores populares que se consideren de izquierdas, anticapitalistas y acordes con el derecho de autodeterminación.

En la lista había gente de todos los lugares del Estado español: vascos, catalanes, gallegos, andaluces, canarios, castellanos, aragoneses, asturianos, etc. Parece ser que allá donde haya un ciudadano de izquierdas, anticapitalista, que defienda el derecho a la autodeterminación de los pueblos, está ETA o el entorno de ETA.

Por otra parte, y ante ese concepto fascistoide derivado de esa llamada ley de partidos (ley antiabertzale en realidad) de la “contaminación de las listas electorales”, sólo uno de los miembros de la lista, el dramaturgo Alfonso Sastre, había estado presente anteriormente en una lista electoral relacionada con la Izquierda Abertzale, ANV, lo cual en ningún caso debería servir para anular sus derechos civiles y políticos como ciudadano, derechos éstos que le deberían supuestamente asegurar su capacidad para poder elegir y ser elegido democráticamente en unas elecciones libres. Las personas no se convierten en delincuentes por haber formado parte de ninguna lista política ilegalizada, eso no es ningún delito. Si no hay inculpación por delito o sentencia firme penal judicial contra personas conformantes de una lista electoral, ¿cómo se puede ilegalizar dicha lista, si no es bajo el prisma de una legislación casuística represiva como la de 2002?

Una vez más ha funcionado la lógica perversa de la ley antiabertzale, que opera bajo la falacia denominada como reductio ad hitlerum. La expresión “reductio ad hitlerum o argumentum ad nazium” fue creada originalmente por Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago. Reductio ad hitlerum es una falacia de la forma “Adolf Hitler o el partido nazi apoyaban X; por lo tanto X debe ser malo”. En este caso, tal perversión ni siquiera tiene base en la que apoyarse, pues la misma izquierda abertzale se había desmarcado de esta lista política (II-SP), dejando claro que era su intención conformar una lista propia, acción que se consumó ayer en Baiona, donde fue presentada la candidatura soberanista de Euskal Herriaren Alde.

Izquierda Republicana de Andalucía manifiesta su solidaridad con todos los damnificados de esta nueva represión política antidemocrática: la de los ciudadanos que aspiraban a representar intereses absolutamente legítimos y han sido condenados sin ninguna base para declararlos delincuentes, y aquellos otros que se veían representados por ellos y vuelven a ser excluidos en su anhelo de participación electoral democrática.

Un atropello más de esta seudodemocracia monárquica, meramente formal, heredera y actuadora del legislar político fascista anterior, y de caracterización bicéfala: PSOE – PP.

Nuevamente, por último, pedimos la derogación inmediata de esa ley antiabertzale conocida como de partidos. Basta ya.

La Iglesia católica ha anunciado, y ya empezado a, volver a manifestarse e inmiscuirse de forma públicamente beligerante, en asuntos civiles dependientes de los poderes legislativo y ejecutivo nacionales democráticamente constituidos.

El Gobierno de España, a través de sus representantes y de miembros del partido que lo sustenta (PSOE), ha criticado públicamente a la organización eclesiástica, a través de los medios de comunicación, tildando su postura de antidemocrática, antisocial, hipócrita y de acción de incitación al retroceso social.

Izquierda Republicana de Andalucía, partidaria de un laicismo radical, social e institucional, considera al Gobierno y al PSOE, cómplices de las actividades que la Iglesia católica pueda desarrollar frente a nuestra sociedad democrática, en clara disputa del poder civil legislativo y ejecutivo, y en su dinámica de penetración en las conciencias individuales, mientras:

1. No se deroguen los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, y por tanto:
2. Se siga permitiendo el adoctrinamiento religioso, esencialmente católico en nuestro país, en centros educativos sostenidos con fondos públicos, mediante profesores (catequistas) designados por los obispados y empleados por las administraciones públicas (evidente fórmula de sostenimiento de la institución eclesiástica, a través de sus misioneros adoctrinadores).
3. Se mantenga la figura del vicariato castrense, con toda la injerencia que ello supone de la ideología de una organización privada en nuestras fuerzas armadas, así como significando una fórmula más del sostenimiento económico de las actividades de la Iglesia católica.
4. Se mantenga la colaboración en la financiación de dicha iglesia, detrayendo fraudulentamente (por muy legal que aparente ser), el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF, cada vez que a un declarante así se le antoje otorgar. La asignación tributaria a la Iglesia Católica, detrae el 0,7 % de la cuota íntegra, que el Estado ingresa a la Conferencia Episcopal, por lo que se priva al conjunto de los ciudadanos de ese dinero, que se debía aplicar a educación, sanidad u otros fines sociales… No es una aportación del declarante, sino del Estado, que priva a los demás ciudadanos del montante de esas aportaciones, que quedan en manos de una institución privada, supeditada además al gobierno del Estado Vaticano en sus decisiones (extranjera en este sentido) y, como grupo privado, a sus intereses particulares.

En tanto en cuanto no se proceda, de manera efectiva, como poder ejecutivo laicista según lo expuesto, consideraremos a éste y a cualquier otro Gobierno como cómplices de la Iglesia católica, así como defraudadores de la Hacienda Pública y malversadores de los fondos financieros públicos, en favor de una confesión religiosa y en detrimento del común de la ciudadanía española.

La última medida anunciada por el Gobierno Español como paliativo de la denominada crisis económica (financiera), la inyección de dinero público (el de nuestros impuestos directos e indirectos mayormente, vaya) a la Banca y allegados empresariales privados en la cantidad aproximada de cincuenta mil millones de euros, no hace más que reflejar, una vez más en la larga historia del capitalismo liberal, la incapacidad de asegurar una economía con fin social y carácter estable (empleo no precario, salarios dignos con suficiencia de poder adquisitivo correlativo al IPC, pensiones igualmente suficientes, vivienda sin asfixia hipotecaria, crédito empresarial disponible, financiación que garantice una educación y atención sanitaria poblacional equitativa…) en un régimen de mercado libre con autorregulación excluyente de intervencionismos estatales.

Dicen que se está produciendo caída libre de las bolsas o de la liquidez financiera. Es una cuestión acorde con el principio de gravedad: lo que libremente sube, libremente ha de caer. Otros pondrán la red, dicen los mercaderes especuladores que, evidentemente, miran desde arriba esperando que ahora las inyecciones de dinero público eleven de nuevo la liquidez para convertirla de inmediato en “su” liquidez, y hasta la próxima.

La medida paliativa no es mala en tanto y en cuanto incida positivamente en el empleo, el mantenimiento de la productividad de las pequeñas y medianas empresas, la garantía del ahorro ciudadano, etc. Quiere esto decir que será buena, si la ayuda conlleva para la entidad receptora condiciones de uso (que no de abuso) que, de no aceptarse, pues no se recibe y en paz. Se nacionaliza la entidad lo necesario para sostener los objetivos sociales que tenga comprometidos financieramente, y luego ya veremos.

La medida paliativa tampoco es mala si se acompaña de una cláusula de revisión para los casos de uso indebido, que ya sabemos a lo que van los tiburones en cuanto ven carnaza, con la consiguiente devolución de lo recibido. Igualmente, incorporación de unos plazos de devolución de lo percibido (prestado) con los correspondientes intereses según plazos: no es más que lo que cotidianamente nos hacen las entidades financieras privadas, y con usura por cierto que no sería el caso en lo expuesto sobre devolución de lo prestado por el Estado.

Por último, bienvenida sea la necesaria intervención estatal ante una crisis provocada por el enriquecimiento y afán de lucro desmedido dejado a su ser natural (el ser natural de un colectivo mezcla de intereses privados ajenos o contrapuestos al interés general, usura, especulación sin límite, lucro voraz…, en una palabra: AMORALIDAD social), siempre y cuando esta colectivización del capital financiero suponga que, igual que ahora se socializan las pérdidas de ese sector privado debido al nunca inocente y siempre injusto mercado libre sin Estado que lo regule, desde YA se pongan en marcha iniciativas gubernamentales con vistas a una presente y futura socialización de los beneficios de tales corporaciones.

¿Cómo? Con una nueva perspectiva económica muy diferente y socialmente acentuada donde, entre otras posibles medidas a encauzar de manera práctica en los distintos servicios de la economía:

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Cuatro días se ha tomado el Tribunal Constitucional para deliberar si la consulta propuesta por el gobierno vasco a la sociedad vasca era o no legal. Lo cual implica una pérdida de tiempo, pues hasta un niño de seis años que sepa leer, concluiría en unos minutos que no, dado que cualquier consulta de este tipo requiere por ordenamiento constitucional la autorización del Estado central (artículo 149.1.32) y, como sabemos desde hace mucho tiempo, no era el caso.

Es suponible que se ha tratado más bien de una escenificación de funcionamiento institucional de cara a la galería, estética vaya, para dar una especie de consistencia democrática a algo que vuelve a cuestionar la Constitución Española, lo que, por cerrazón, interés o pusilanimidad de nuestros políticos del bipartidismo no ha lugar.

Lo cierto es que si la realización autónoma (Euskadi en este caso) de una consulta popular por el ejecutivo vasco, y de carácter político para que se exprese la voluntad general ciudadana, la misma que le permite gobernar con sus votos, se puede considerar inconstitucional, estamos ante una obstaculización del ejercicio de la soberanía popular, principio básico de la democracia.

Eso quiere decir que, si algo es democrático pero no es constitucional, necesariamente la Constitución ha de ser revisada y modificada.

Como sí es constitucional pero no es democrático, que la Jefatura del Estado posea carácter vitalicio y hereditario, y se sustraiga al ejercicio de la soberanía popular. O bien, como ha ocurrido en estos días, con la “elección” de los miembros del CGPJ, hayamos asistido de nuevo a la aniquilación constitucionalmente consentida de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), división que, en democracia, significa que todos y cada uno de los representantes de estos poderes , deben proceder directamente de la voluntad general ciudadana, como manifestación del ejercicio de la soberanía popular, sin quedar supeditado un poder al interés o voluntad de otro.

En fin, como decíamos, una victoria del ordenamiento constitucional, pero un atropello democrático. Un motivo más para mantener nuestra lucha por una democracia real (radical) y un Estado republicano y federal.