Izquierda Republicana estima que Garzón debe declararse competente en la denuncia por desaparecidos del franquismo
Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo
Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.
Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.
La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.
Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.
Precedente reciente en la Audiencia Nacional
Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.
Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana
