Migrar no es delito, y menos una situación penal ni a gestionar mediante la represión de los individuos.
Mientras, la Unión Europa, dispuesta a penar y reprimir la inmigración transgrediendo los derechos humanos de carácter universal, mediante desiguales e injustas leyes de excepción con relación a su ciudadanía nata, no reconoce su participación activa y pasiva en la profundización y perpetuación de la miseria de los pueblos que, principalmente a ello debido, se ven obligados a plantear la emigración como única y arriesgada salida.
También pasó en España, no se inventó ayer la migración por necesidad. Pero, a diferencia, hoy se la quiere criminalizar “legalmente”.
Nos hacemos eco de la siguiente reflexión y convocatoria, uniendo nuestra voz al primero y nuestra llamada a la participación en la segunda:
La directiva de retorno y las políticas europeas de inmigración
En estas últimas semanas está habiendo mucho debate sobre las políticas europeas de inmigración, y no es para menos. Para empezar, en Italia, el nuevo Gobierno de Silvio Berlusconi ha dado prioridad a la lucha contra la inmigración como medida por la seguridad ciudadana, identificando ambas cosas y, a pesar de sus contradictorias declaraciones posteriores, ahora queda en manos del Parlamento la aprobación de esta medida que defiende la Liga Norte , el partido del ministro de Interior, Roberto Maroni, quien ha ultimado un paquete de medidas que consisten, básicamente, en convertir la inmigración clandestina en delito penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel.
En Francia, supuestamente tierra de asilo y cuna de los Derechos Humanos, la cuestión de la inmigración lleva años en el centro de la vida política francesa y en el 2007, N. Sarkozy se hizo elegir Presidente creando un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional, el Co-desarrollo y la Integración, voceando la puesta en práctica de una política de inmigración elegida y no sufrida, adoptando las tesis y maneras del ultraderechista Frente Nacional, lo que ha supuesto fijar cuotas de expulsión de inmigrantes (25.000 en 2007 y 26.000 en 2008), negándose a la regularización de los mismos y violando constantemente los derechos fundamentales de las personas migrantes “indeseables”.
Alemania, por su parte, cuenta con una de las normativas más estrictas al respecto dentro de la UE, ya que la Ley permite retener a un extranjero bajo arresto preventivo durante seis semanas y un arresto cautelar de seis meses que puede prolongarse otros doce más, de forma que un inmigrante irregular puede pasarse hasta 18 meses encerrado en espera de expulsión. Y tanto el arresto preventivo como el cautelar pueden aplicarse a menores de edad.
En el Reino Unido, donde la retención de los extranjeros indocumentados es ilimitada, la cosa está igualmente cada vez peor. El Gobierno británico lleva años endureciendo su política contra los inmigrantes y no ha dejado de legislar para reducir su entrada, que ahora es muy difícil para los de fuera de la UE. Además, el actual primer ministro Gordon Brown ha anunciado que los inmigrantes sólo tendrán pleno derecho a ayudas sociales al adoptar la ciudadanía británica, lo que exige al menos dos años de residencia a los familiares de un británico y cinco años a los demás.
¿Y en España?. Aquí tampoco se quiere hablar ya de la regularización de nuestros inmigrantes que están trabajando sin autorización oficial, el Gobierne prefiere mantenerles en la economía sumergida y, al igual que en esos otros países de la UE, el ministro de Inmigración y Trabajo, Sr. Corbacho, promete mano dura y combatir la inmigración ilegal, a la vez que Rubalcaba propone aumentar el periodo de detención de los inmigrantes irregulares, la construcción de más Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), un incremento exponencial de las expulsiones y una mayor militarización de las fronteras.
Consecuencias de esas políticas de cierre de fronteras que ha convertido al llamado Viejo Continente en la actual Europa Fortaleza, son las peores condiciones del proceso migratorio de los inmigrantes, con miles de muertes, sobreexplotación laboral y la existencia en la UE de más de 160 Centros de Internamiento, en los que más de 25.000 inmigrantes sin papeles viven en peores condiciones de vida que en las cárceles, según un reciente estudio del propio Parlamento Europeo.
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