Archivo - Mayo, 2008

Albañiles en pleno trabajo Los sindicatos de Construcción de CCOO (FECOMA) y UGT (MCA) de Sevilla, han decidido convocar huelga en el sector de la construcción durante los días 27 y 28 de mayo y 3, 4 y 5 de junio. La convocatoria viene motivada por la falta de acuerdo en relación al convenio provincial para 2008. Esta falta de acuerdo se produce, especialmente, en lo relativo al calendario laboral, la jornada intensiva de verano y la distribución de días inhábiles para 2008 de la jornada anual.

Después de tres meses de constituida la mesa de negociación, no ha existido ninguna respuesta satisfactoria, y, por el contrario, se ha jugado con cifras intoxicativas por parte de la patronal GAESCO, con relación al abuso de drogas en jornada laboral, para desviar la atención o fomentar el rechazo de sector laboral que sólo reivindica un derecho común a la mayoría de los/as trabajadores/as.

Ante esta movilización en el sector de la construcción de la provincia de Sevilla, Izquierda Republicana de Sevilla quiere mostrar su total apoyo a las demandas que plantean.

Como trabajadores/as que somos entendemos que tales demandas van encaminadas a lograr unas condiciones de trabajo mínimamente dignas que deben ser forzosamente atendidas por la patronal del sector, GAESCO (como ya ha ocurrido en otras provincias andaluzas), pues los/as trabajadores/as de la construcción tienen todo el derecho del mundo a querer trabajar para vivir y no a querer vivir para trabajar, como ocurre con las actuales condiciones de trabajo.


La inmigración a debate Mayo, 2008

Manifestación Publicamos el siguiente artículo aparecido en la revista digital Rebelión, el cual pone el acento en algo que siempre hemos denunciado desde Izquierda Republicana: la migración de los sujetos debe ser considerada sin vulneración de los derechos humanos, incluso en los tiempos de las llamadas recesiones económicas (que no lo son para todos, por cierto), así como el estar causada por necesidades derivadas de injusticias estructurales entre pueblos, requiere un tratamiento etiológico estructural en igualdad y con justicia.

El delito de ser inmigrante

Antonio Peredo Leigue

1789: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 2008: Ilegalidad, Persecución, Expulsión. En algo más de dos siglos, el rostro de la patria de la libertad de todas las personas, la igualdad de hombres y mujeres, la fraternidad entre los seres humanos, se ha transformado en el régimen dictatorial contra ciudadanos del mundo que buscan tener un futuro. Expulsados de sus países empobrecidos, por la voracidad de las naciones ricas como Francia, hombres y mujeres de América Latina, de África, del Medio y del Lejano Oriente, se encuentran ante la imposibilidad de vivir en la nada.

Francia, Europa y Estados Unidos han declarado la guerra contra los pobres. Para hacerlo, patrullan las fronteras con orden de disparar a matar, levantan sólidos muros que avergüenzan, allanan domicilios en busca de “ilegales”, los expulsan sin derecho a reclamo e incluso van a prisión. El delito es ingresar sin permiso. Cuando lo pidieron, se les negó.

¿Dónde quedó el derecho de libre tránsito que inscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Se ha convertido en otro papel más, como el juramento hipocrático o el decálogo ético de los abogados, que se ondea en los días conmemorativos y luego se olvida, porque no tiene relación con la vida cotidiana, con la realidad. El derecho al libre tránsito, no existe. Las embajadas cobran para tramitar un permiso que, en el 90 % de los casos, niegan sin devolver la tarifa.

Resulta, entonces, que los bolivianos, pongamos por caso, además de estar en la pobreza para permitir el derroche de los países enriquecidos, deben costear buena parte del gasto de la representación de esos gobiernos. Agreguemos que también pagamos sus casas culturales que, supuestamente, se abren para promover el conocimiento de sus culturas; pero ese es otro tema que otro día comentaremos.

Las libertades abolidas

La libertad de las personas, para ir de un lugar a otro, dentro de un país o traspasando las fronteras, ha sido abolida por disposición de las grandes potencias. No se trata de un ajuste debido a la multiplicación de la especie humana. Porque, después de doscientos años, podría decirse que la libertad de tránsito fue proclamada cuando todos los seres humanos que vivían en este planeta apenas sobrepasaban los 500 millones y los medios de transporte eran tan primitivos, que se precisaban meses para ir de un país a otro.

Pero, cuando esos derechos fueron ratificados por Naciones Unidas, hace 60 años, aquel argumento queda obsoleto; entonces, habrá que sostener otro planteamiento: había terminado la devastadora Segunda Guerra Mundial, el mundo debía expresar sus mejores sentimientos de libertad, igualdad y fraternidad, había necesidad de fuerza de trabajo para reconstruir. Ahora, ya no pueden aceptar que esos sucios, malolientes, desastrados, sin dinero y además pedigüeños entren a los países civilizados, decentes y adinerados, afeando sus calles y deformando sus refinadas costumbres.

Sin embargo, no podemos olvidar que, hasta ayer, los migrantes ilegales eran recibidos sin mayores complicaciones. ¿Por qué? Sencillamente se precisaba mano de obra barata para hacer el desarrollo y avanzar en el progreso. Hoy, cuando todo indica que comienza la recesión, el inmigrante es acosado. De nada sirve toda su contribución al progreso de aquel mundo enriquecido con nuestros recursos.

Las libertades permitidas

Otra cosa distinta es el libre tránsito de capitales. Todo el dinero que pueda salir de estos pobres países, no necesita visado, ni permiso de ningún tipo. Es más: exigen que nuestros gobiernos supriman cualquier tipo de trabas para este tipo de tránsito. Pero eso no es suficiente: los capitales que vienen desde allí, deben recibir garantías para volver a su origen, para invertir con ventaja sobre los locales, para ganar sin restricciones. Aún más: debe haber un compromiso firme de que serán indemnizados si no obtienen las ganancias que habían calculado.

Sus ciudadanos, hombres y mujeres, deben merecer el mismo respeto cuando se dignan visitarnos. Esa es la ley que imponen los países ricos sobre las naciones empobrecidas.

El trato

Proponemos un acuerdo. Compren nuestros productos a precio justo. Terminen con el despilfarro y vivan sin derroche. Lo que producimos en Bolivia es para todos. Muy bien. Entonces, para todos debe ser lo que produce, por ejemplo, Francia, Italia o Alemania. Si no es así, pongamos la regla de ustedes, por igual: el ingreso de nuestros productos a sus países, tiene una franja libre, con topes. Hagamos lo mismo con los productos que ustedes nos envían. Establezcamos precios comparativos: un artículo cuesta tantas horas de trabajo y determinemos el mismo valor al trabajo de los bolivianos y de los estadounidenses.

De ese modo, disminuirá inmediatamente el tránsito de personas que buscan mejores condiciones de vida. ¿Por qué las buscan en sus países? Porque ustedes se llevan la riqueza de nuestras naciones a bajo precio.

Hagamos un trato justo y el mundo estará mejor.

Publicado en Rebelión


Parapeto construido en la plaza de Zocodover El pasado mes de Diciembre de 2007, el Ayuntamiento de Toledo, adquirió los derechos de explotación para uso cultural, divulgativo y sin ánimo de lucro, de más de una cuarentena de fotografías hasta el momento inéditas, del aviador Sudafricano Vincent Doherty. Las instantáneas fueron tomadas en su mayoría, durante el cerco al que fueron sometidas las fuerzas sublevadas el 18 de Julio de 1936, refugiadas en el Alcázar de Toledo.

Desde Izquierda Republicana de Andalucía, recomendamos la visita a la colección publicada recientemente por el Ayuntamiento de Toledo, dado su alto valor histórico. El cerco y asedio al Alcázar, constituyó un hecho histórico de gran calado para las fuerzas combatientes en la contienda, tanto para las fuerzas republicanas, que ofrecieron multitud de acuerdos de rendición a los asediados, todas rechazadas, como para las fuerzas fascistas y golpistas del Coronel Moscardó, sublevadas el fatídico 18 de Julio de 1936.

Nota: En el siguiente enlace, se exponen algunas de las fotografías comparadas con su actual estado en 2008. Resulta bastante interesante comprobar el estado actual de aquellos lugares de tan infausto recuerdo para la historia de nuestro Estado.

Guerra y PazEduardo Sánchez Butragueño

Más información: Asedio al Alcázar.


En su informe anual (Amnistía Internacional Informe 2008), se recoge, como es habitual, la sección de información por países. Desde Izquierda Republicana de Andalucía nos hacemos eco, resumidamente, de lo que aparece sobre España en dicho informe:

  • Cirio encendido de Amnistía Internacional Fuerzas policiales: Tortura y otros malos tratos. Los informes de violaciones de derechos humanos por agentes encargados de hacer cumplir la ley y posterior impunidad seguían estando extendidos. Ni los organismos a los que pertenecían los agentes ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad.

    Varios organismos encargados de hacer cumplir la ley anunciaron que habían adquirido armas de electrochoque Taser, y policías locales en al menos tres comunidades autónomas ya las estaban utilizando. La Policía Nacional y la Guardia Civil no las usaban. La normativa y las medidas de control relativas a la tenencia y el uso de tales armas por agentes encargados de hacer cumplir la ley eran insuficientes.

    Migración: En noviembre, el Tribunal Constitucional declaro inconstitucionales varias disposiciones de la Ley de Extranjería de 2000 que restringían el derecho de asociación de las personas migrantes y su acceso a educación básica y asistencia jurídica gratuita.

    Se impidió el acceso a territorio español a personas migrantes y solicitantes de asilo, mediante procesos llevados a cabo en centros extraterritoriales en condiciones que no se ajustaban a las normas internacionales.

    Con relación a las expulsiones, en julio, el Ministerio del Interior dio a conocer un borrador de protocolo de actuación para la Policía Nacional y la Guardia Civil, relativo a medidas de seguridad en la repatriación y el traslado de detenidos, incluidos migrantes irregulares. Este protocolo no reflejaba debidamente las normas europeas de derechos humanos pertinentes ni las recomendaciones de organizaciones internacionales sobre el uso de la fuerza y las técnicas de inmovilización por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las expulsiones. En la lista de materiales de uso autorizado en las expulsiones, el protocolo incluía “cinta reforzada”, “cinturones y prendas inmovilizadotas” y “cascos de autoprotección”, lo que podría contravenir la prohibición internacional de trato cruel, inhumano o degradante y causar asfixia u otros danos físicos graves a la persona expulsada.

    Se expulsó a menores no acompañados sin las debidas garantías para su seguridad. La reunificación familiar de los menores no acompañados no garantizaba que se tomara debidamente en cuenta el mejor interés del menor. Se expulsó a Marruecos a menores no acompañados sin garantías suficientes sobre su seguridad.

    Violencia contra las mujeres: Dos anos después de promulgarse la ley contra la violencia de género, las mujeres seguían encontrando obstáculos para obtener protección, justicia y reparación. Algunos preceptos básicos de la ley todavía estaban en fase de desarrollo o se aplicaban con demasiada lentitud. No obstante se adoptaron algunas medidas positivas, como el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. El numero de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja alcanzó la cifra de 71 en 2007.

    Grupos armados: El grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) declaró en junio el fin del «alto el fuego permanente» y reanudó los atentados con bombas. El final del alto el fuego (roto en la práctica el 30 de diciembre de 2006 con la comisión de un atentado con bombas en el aeropuerto de Madrid-Barajas que causo la muerte de dos personas) se declaro oficialmente el 5 de junio de 2007.

    Guerra contra el terror”: A principios de 2007 salieron a la luz denuncias relativas a la participación de la policía española en interrogatorios de detenidos entre 2002 y 2005 en el centro de detención estadounidense instalado en la bahía de Guantánamo. En respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior confirmo que se habían producido dos visitas de la policía española a Guantánamo, en julio de 2002 y en febrero de 2004.

    Al menos 50 vuelos fletados por la CIA estadounidense con origen o destino en Guantánamo hicieron escala en territorio español entre 2002 y 2007, según la información aparecida en medios de comunicación que citaba datos del organismo español AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). El último de estos vuelos de que se tuvo conocimiento se realizo en febrero de 2007. En algunos casos, los aviones aterrizaron en bases militares que también utilizaban las fuerzas estadounidenses.

    Impunidad: En noviembre, el Parlamento aprobó una ley relativa a las victimas del franquismo y la guerra civil española de 1936-1939. Pese a algunas características positivas, esta ley distaba mucho de ajustarse a las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones.


Este mes, el diario El Mundo se hacía eco de que un grupo de ingenieros de Gran Bretaña habían logrado fijar el SeaGen, la primera turbina comercial de este tipo, en el mar, mediante la perforación de cuatro anclajes de nueve metros que reciban sus sendas “patas”. El SeaGen es una inmensa turbina destinada a aprovechar la fuerza de las mareas para producir energía limpia (energía mareomotriz).

La previsión inicial es que en julio pueda abastecer a más de 1.000 hogares, con sus dos rotores (16 metros de diámetro) que trabajarán a pleno rendimiento durante 20 horas al día. Según cálculos de la compañía que está detrás de SeaGen, Marine Current Turbines, este tipo de ingenios pueden proporcionar en una década el 10% de la energía de todo el país.

SeaGen tiene un peso de 1.000 toneladas, y una anchura de 43 metros de punta a punta y funciona como un gigantesco molino de viento sumergido.

Imagen de placas solaresHoy podemos leer en el diario El País que “las empresas Epuron Spain y Viento y Energía inauguraron ayer en Darro la mayor planta fotovoltaica de la provincia de Granada que, con una potencia de 5,8 megavatios, podrá abastecer a 3.625 hogares cada año. La planta ocupa una extensión de 31 hectáreas y consta de 29.964 módulos fotovoltaicos. La instalación cuenta con 710 seguidores del movimiento del sol desde el amanecer al anochecer, aprovechando al máximo los altos niveles de irradiación solar de la zona. Durante la construcción de la planta se han generado hasta 127 puestos de trabajo. La potencia instalada de la planta, junto con la tecnología empleada y los altos niveles de irradiación de la zona, permiten que su producción anual alcance 11.600 megavatios por hora y evita la emisión anual de 11.333 toneladas de CO2”.

Un país como España debería pensarse, desde el punto de vista energético, como un territorio en el que las energías limpias y renovables (sol, viento, agua) cubrieran un alto y creciente porcentaje de las necesidades de energía, disminuyendo gradualmente la dependencia del petróleo y no dando paso a la previsible decantación, si no hay una política energética decidida en este sentido, por otra energía ni limpia ni segura, léase energía nuclear.

Se trataría de aumentar progresivamente, pero sin demora, el tanto por ciento de energía producida desde fuentes limpias, seguras y renovables, disminuyendo a la par la dependencia de, en primer lugar, energía derivada de la biomasa, y, por último, energías fósiles y radiactivas que, en todo caso, quedarían como energías de reserva o de apoyo en caso de necesidad.

Biomasa Con ello, y tal como decíamos en nuestras propuestas programáticas para las últimas elecciones autonómicas, hacer realidad la voluntad de “cumplir con los compromisos del Protocolo de Kyoto y las recomendaciones de los científicos expertos sobre medidas para frenar el cambio climático (ver el informe de los expertos para el presidente del gobierno español, realizado a petición de éste, con motivo de la ultima reunión del IPCC, en Valencia en noviembre de 2007) (IPCC: Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ONU)”.

Foto de paneles solares, tomada del artículo de El País


Otro submarino nuclear amenaza el sur Mayo, 2008

Vista de un submarino nuclearSegún informa el diario El País, el submarino de propulsión nuclear HMS Superb entró ayer remolcado por dos buques en el puerto de Gibraltar. El atraque del sumergible británico se produce tan sólo seis días después de que lo hiciera el buque de propulsión atómica estadounidense USS Florida. El submarino británico es el más viejo de la flota de sumergibles de ataque del Reino Unido y está operativo desde 1976. Pero la edad no es lo único que hace que ésta sea una de las naves más conocidas del Reino Unido. Tras la avería del Tireless, las autoridades británicas admitieron que otros, entre los que se incluía el Superb, podrían sufrir problemas similares. Según el Centro de Desarme y Seguridad, el Reino Unido no permite a los buques de este modelo atracar en la boca del Támesis y su base está en Faslane (Escocia).

Ecologistas en Acción ya hizo público en el caso del USS Florida, que la Mancomunidad de municipios de la comarca se opone desde el asunto “Tireless” no sólo a que se hagan reparaciones de submarinos nucleares, sino también a que se efectúen tareas de avituallamiento en el puerto gibraltareño.

Si bien la legislación internacional permite este tipo de tareas, la mayoría de los alcaldes de la comarca han expresado su rechazo a estas situaciones con anterioridad.

Creemos que, tanto el Gobierno Andaluz como el Gobierno Central, deberían actuar, más allá de la queja diplomática, promoviendo un debate en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con el objetivo de poner fin a este tipo de inseguras y peligrosas operaciones en el sur de España.


Imagen de dos torres eléctricas El sector energético eléctrico es uno de los pilares fundamentales que sostienen el desarrollo económico de un país. Es también evidente que el kw/h es un producto de primera necesidad o básico, empezando por el ámbito doméstico, en las sociedades occidentales. Por ello, es responsabilidad de todo gobierno garantizar un suministro eléctrico en las mejores condiciones posibles para el ciudadano.

Los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, los motores de la Europa Comunitaria, han optado por el control directo de la producción energética. Sus principales compañías eléctricas son de capital estatal y están blindadas por ley contra injerencias extranjeras.

En España, por el contrario, el sector eléctrico está liberalizado y cualquiera puede hacerse con un buen trozo del pastel eléctrico; basta con tener algunos miles de millones de euros. Hemos vivido un ejemplo reciente hace un año: las estatales E.ON (alemana) y ENEL (italiana) pugnaron por un pedazo de ENDESA, y finalmente fue ENEL la que salió victoriosa. Y en estos momentos asistimos a otro embate, tal vez de mayor relevancia: el gigante estatal francés EDF quiere hacerse con un buen trozo de Iberdrola, la mayor eléctrica española.

Iberdrola, la primera española del sector por capitalización bursátil, ha logrado un beneficio neto en el primer trimestre del año de 1.204 millones de euros, cifra que casi triplica los 458 millones logrados en el mismo periodo de 2007 gracias a la incorporación de Scottish Power y la buena evolución de su filial de renovables (1).

Los beneficios de las compañías eléctricas españolas no han dejado de multiplicarse en los últimos años. En el anterior debate sobre tarifas eléctricas para el año 2007, podíamos leer que “el fuerte incremento de los beneficios del sector eléctrico anticipa un intenso debate sobre las tarifas de 2007. De aquí a finales de diciembre, los empresarios negociarán con el Ministerio de Industria la revisión del recibo de la luz. Endesa acude a la cita con un beneficio neto acumulado de 2.508 millones de euros entre enero y septiembre, un 61% más que en el mismo periodo del año anterior. El de Iberdrola asciende a 1.236 millones, un 25,7% superior. Y los analistas esperan otro incremento robusto de las ganancias de Unión Fenosa, que presenta sus resultados en noviembre. Las tres compañías acaparan el 90% del mercado español del kilovatio. Y las tres aseveran que la subida de la electricidad en 2006 (un 5,9%) sigue sin reflejar el aumento de los costes de producción. Dicho de otro modo, a su juicio, la luz debería encarecerse por encima de esta cota a partir de enero” (2).

Ahora se nos anuncia un aumento medio y aproximado del 11% para el mes de julio como muy tarde de las tarifas eléctricas, aduciendo que así reflejarán el aumento real en los costes de producción.

O sea que, de nuevo, las variaciones al alza del mercado, en este caso energético y eléctrico, deben ser costeadas por la ciudadanía. Mientras:

  • El oligopolio privado eléctrico español recauda millonarios beneficios, cuya rentabilidad social deja mucho que desear: ¿qué decir de los apagones últimos en Cataluña? ¿O del alquiler multimillonario de contadores obsoletos sin revisar convenientemente?
  • La rebaja del impuesto de sociedades a partir de este enero supone pingües beneficios para el sector, que se sumarán a los ya de por sí cuantiosos y crecientes
  • Una vez más, esta subida anunciada nos sitúa en la injusta acción del gobierno de turno, de obligar o permitir (o sea, por acción u omisión), vía impuestos, vía tarifas, la recaudación económica igual para todos, aunque la desigualdad de rentas y patrimonios sea cada vez mayor en beneficio de unos pocos y perjuicio de muchos
  • A la vez, se seduce a la opinión pública y se desprecia a la inteligencia ciudadana, con devoluciones fiscales (los famosos 400 euros) que deberían ser invertidas en mejora y bienestar social (que lejos de sobrar faltan), y se anuncian nuevas rebajas de los impuestos directos (justo los que permiten una recaudación justa en correspondencia con renta y patrimonio)

Basta ya… ¿Para cuándo un gobierno de izquierda?

Nuestra es la palabra, la acción – movilización y, por supuesto, nuestro es el voto.


No queremos contribuir a proporcionar una masiva cobertura mediática a una banda erigida sobre el terror y el asesinato, buscando precisamente, entre otras cosas, publicitarse en los medios de comunicación.

Pero tampoco queremos dejar de sumarnos a la solidaridad con el dolor de las víctimas y familiares del atentado de la madrugada del pasado 14 de mayo, en la casa cuartel de la Guardia Civil en Legutiano (Álava).

Por otra parte, desear que las fuerzas políticas democráticas tengan el coraje y la altura de miras suficientes para, superando estrechos pactos a dos, generar acuerdos de todos para mantener y optimizar la lucha contra semejante lacra social.


Portada 'Educación para la ciudadanía' Un juez de la sala 14 del TSJA ha dado la razón a los cinco padres que presentaron un recurso contra la asignatura EpC («Educación para la Ciudadanía»). La sentencia dispone que «se puede seguir impartiendo la asignatura» (el juez nos da permiso) pero eliminando del currículum tres puntos: el relativo a la homosexualidad, el de la ideología de género (!!!!) y el de las opciones vitales.

Es decir, que según el juez, no podemos educar a nuestros jóvenes contra la homofobia (y debemos ocultar que vivimos en una sociedad en la que conviven distintas tendencias sexuales – como si eso fuera exclusivo de la actualidad -), que debemos seguir siendo cómplices del machismo español (y no debemos educar en la igualdad de derechos mujer-hombre ni contra la violencia de género) y debemos omitir que la persona se realiza y construye a sí misma decidiendo su proyecto de vida (no vaya a ser que caigan en la cuenta de que existen otros proyectos, además del que pretende imponer el episcopado).

Y digo episcopado porque el juez de la sala 14 (que fue la misma que le dio la razón al colegio concertado Altair, que se niega a admitir niñas con el dinero de los contribuyentes) es del Opus. Luego, una vez más, está la sinrazón «catolicoide» detrás de esta nueva jugada sucia. Y todos sabemos el papel preferente que juega el Opus Dei en la organización de la Iglesia.

Curiosamente, queda mostrada la hipocresía de dichos «recurrentes»: son los mismos que se rasgaban las vestiduras cuando algún profesor pidió (por creencias personales) que no se pusiera un belén en el colegio público en el que trabajaba. Ahí no valían sus motivos de creencias personales.

Aquí, como podrá suponer el lector, confluyen varios temas de enorme importancia: el papel de la escuela en la formación de los ciudadanos (por extensión, el papel del Estado), el debate sobre si éste debe educar en valores o no, el conflicto entre las creencias personales y la intromisión de las mismas en las instituciones (jueces, en este caso) y, como no podía ser de otro modo, el eternamente aplazado debate sobre el laicismo. Son tantas cuestiones que nos resulta imposible abordarlas todas en un solo artículo (aunque volveremos a estos temas).

Respecto a los valores que el juez nos prohíbe a los educadores enseñar, cabe preguntarse qué interés tiene el Opus por negarles derechos a los homosexuales, por seguir apoyando el horrendo machismo existente aún y por impedir a la gente elegir sus propias opciones vitales personales. Habría que preguntárselo a ellos.

En cualquier caso, conviene señalar que los «temas prohibidos» son los que tanto preocupaban a los obispos (tanto que se pusieron en la calle en tres ocasiones, al menos), que el cabecilla de los cinco recurrentes es un famoso militante del PP; y que el juez es del Opus. ¿Hay todavía quien no ve evidente la conexión?

Pero, para mí, el mal endémico de fondo es la falta de delimitación clara entre las obligaciones de todo juez de aplicar la ley (y de sentenciar según la misma, y no según sus concepciones religiosas sesgadas y propias del pensamiento mágico) y las creencias personales. Pues si el juez alega algo así como «motivos de conciencia» para saltarse la ley a la torera (como se la saltaron en el caso del colegio Altair, sentenciando contra el mismísimo artículo 14 de la Constitución, que prohíbe, en el acceso a la escuela, discriminación por razones de sexo), entonces, por la misma razón, los profesores que estemos contra la homofobia, contra el machismo y contra la imposición doctrinaria de opciones vitales, también podremos seguir dando esos temas, por «motivos de conciencia».

Y es que la «objeción de conciencia» (derecho al favor del cual, naturalmente, estamos) se está convirtiendo en un cajón de sastre en que metemos todas nuestras sinrazones y nuestros rictus antidemocráticos. ¿Que el «contrato social» (por vía del Parlamento) acuerda algo que no admite mi cura o mi obispo de turno? Pues nada: me acojo al derecho de Objeción de conciencia y me permito el lujo de incumplir la ley, o de sentenciar contra la misma.

Ya lo decíamos en otra reflexión en esta página: esta fractura antidemocrática abre un camino altamente peligroso, pues ¿dónde está el límite del derecho de los padres a decidir los programas y los contenidos de los estudios para la nación? ¿Y quién pone dichos límites: los obispos, en lugar del Parlamento? ¿Y quién decide los criterios para decidir dichos límites) ¿Un juez del Opus?

¿Qué pasa ahora si yo, como padre, me niego (en conciencia) a que a mis hijos les enseñes las reglas económicas del juego capitalista? ¿O me niego a que les enseñen a mis hijos la guerra civil española? ¿ Y si me niego a que en la clase de mis hijos haya un retrato del Rey (por motivos de conciencia, por supuesto)? ¿Por qué los tics machistas y homófobos de algunos van a ser más importantes que los míos republicanos? Insisto: si no aceptamos el Parlamento, ¿qué añoramos entonces: la época en que el Papa era el emperador «por directo designio divino»? Desde luego, parece claro que a más de uno le encantaría que volviésemos a la Edad Media.

Pero, en fin, seamos optimistas y busquemos el lado bueno de la situación a que, de nuevo, nos aboca la Iglesia: es de suponer que los profesores reaccionarios obedecerán la ley (si no prospera el lógico recurso que va a interponer la Junta de Andalucía) y no hablarán de esos temas (con lo que ganamos muchísimo, pues dejarían de lanzarse mensajes homófobos y machistas desde el aula). Y es de suponer también que los profesores normales (aquéllos que por dignidad no permitirán que el juez del Opus ni Rouco metan sus narices en su clase ni en su «libertad de cátedra») seguirán educando para una sociedad civilizada. ¿Qué va a hacer el Opus: meter detectives en todos los institutos para vigilar y controlar a los profesores de EpC, por si dicen que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos? Yo, desde luego, lo tengo clarísimo.

¡Ay, si tuviésemos un gobierno de izquierdas de verdad y plantease, ya de una vez (como si estuviésemos en el siglo XXI), la separación Iglesia-Estado! Se podrían anular de oficio todas las barrabasadas en las que las creencias medievales de algunos se saltan a a la torera los cimientos mismos de nuestro Estado democrático. Pero para eso haría falta un gobierno de izquierdas. Y se ve que Europa, desde luego, no va por ahí. Y Zapatero tampoco.

Artículo original: Enfoca – Enfócate


Del Rey y la injuria como delito Mayo, 2008

Democracia, no monarquía El Rey es un crápula, se afirma públicamente, retrotrayendo tal calificativo a sus antecesores de la dinastía de los Borbones, y una Fiscalía General del Estado actúa de oficio por delito de injurias al monarca. Crápula, según la RAE, sujeto de vida licenciosa, o sea, dado a vicios, es decir, moralmente defectuoso en sus acciones, o bien defectuoso o excesivo en torno a costumbres.

¿Esto es injuria delictiva? Opinar que eran licenciosas acciones o costumbres de…, vayamos atrás, a ver, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Don Juan, pues lo dejamos estar (muertos ya), pero ciertas costumbres y excesos, históricamente coleccionados, facilitan decantarse por tal opinión. Repitamos: opinión, no injuria delictiva.

Opinar que Juan Carlos de Borbón, Rey vivo y monarca actual de España, representante máximo de la Casa Real española, es moralmente excesivo en ciertas acciones, costumbres o usos de libertad privilegiada, pues creemos que tampoco, francamente algo desproporcionado y atentado contra la libertad de expresión y opinión.

«¿En qué país que se rija por una constitución plenamente democrática puede existir un Jefe de Estado que sea declarado irresponsable total haga lo que haga?» (Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona, moción que preparan municipios de IULV–CA, a la que Izquierda Republicana de Andalucía se une).

¿Entramos en los gastos de la casa del Rey, que sumados pueden ascender a 25 millones de euros, mantenimiento de sus palacios en usufructo (unos 140 millones de euros a cargo del patrimonio Nacional), del parque móvil de 60 vehículos blindados, costeado por el Ministerio de economía y Hacienda, cuando «La Familia Real Española» procede del exilio y no dispone de propiedades inmuebles, terrenos, etc. del pasado. Cuando Alfonso XIII se fue al exilio todas las propiedades reales fueron adscritas a Patrimonio Nacional por el gobierno de la República y ahí se mantienen.

Que la Constitución otorgue al Rey el disponer libremente de la asignación anual no quiere decir que no se dé cuenta de los sueldos de cada miembro de la Familia Real. Se trata de dinero público y hay Casas Reales europeas que publican estos gastos en Internet.

La Constitución no dice nada de las rentas ni del patrimonio del monarca, y según la prensa belga Juan Carlos I ocupa el tercer lugar en fortuna y patrimonio calculado en 1.700 millones de euros en el ranking de las «Casas Reales europeas» (Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona).

Aunque, probablemente, para manifestar nuestro más absoluto desacuerdo con este despropósito de calificar de oficio como un delito de injurias de consecuencias desproporcionadas a las expresiones más arriba citadas, si llegase a efecto, baste con remitirse ala Declaración Universal de los Derechos Humanos:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión»

Documento Adjunto:

Transparencia en la gestión económica de la casa real y despenalización de las injurias a la corona.