El capitalismo liberal, que siempre cumple la máxima de “llevar en sí mismo el germen de su autodestrucción”, revive en continuos ciclos de destrucción y desastre social, gracias precisamente a otra máxima repetida: llegados al fin de un nuevo ciclo, se procede a socializar las pérdidas (dinero público para un mercado de autorregulación o regulación privada, disminución de salarios, despidos masivos…), mientras que, una vez revivido, los beneficios se privatizan quedando en manos de los señores dueños del mercado libre y sus armas de especulación y enriquecimiento de unos pocos, en tanto que ajenos a una eficiente regulación social, que implique su justa, máxima, rentabilidad social.
¿No es de lógica social, hacer prevención mediante la regulación o control social del mercado y la socialización racional de los beneficios? Intervención estatal es anatema, socialismo anacrónico y fracasado, nos publicitan sus amaestrados medios. ¿No lo es la desigual distribución de la riqueza, la precariedad económica de una mayoría, la dependencia de la arbitrariedad del capitalismo corporativo transnacional, la continua pérdida del poder adquisitivo…?
¿Por qué no se socializan hoy los beneficios privados ayer obtenidos con el trabajo de todos cuando llegan las pérdidas, pues no se hizo prevención?
¿Por qué se habla de morosidad social en referencia a quien se le impide mantener su ya de por sí difícil amortización de deuda hipotecaria, y no en referencia a quien se enriquece como usurero imponiendo semejante deuda?
Nuestro compañero Francisco Javier Carretero, nos envía el siguiente artículo que, por su interés actual, reproducimos en nuestra web.
Las consecuencias del fin del «boom» inmobiliario. ¿Quién paga la bacanal?
Joan Coscubiela (Secretario general de CCOO Catalunya)
Se veía venir que, después de la bacanal de espectaculares beneficios y dinero barato, quienes no han tenido ningún problema para apropiarse privadamente de las ganancias, ahora nos propondrían socializar las pérdidas.
Tampoco había que ser un visionario. Es lo que han hecho toda la vida los ultraliberales, defensores de la eficiencia del mercado cuando se trata de repartir la riqueza entre unos pocos, y contrarios a la intervención del Estado cuando se trata de distribuirla entre la mayoría. Eso sí, cuando ellos tropiezan, víctimas de sus excesos, la intervención del Estado está justificada. En nombre del interés general, faltaría más.
Estos meses se habla mucho de los efectos de la crisis, pero poco de sus causas, que hay que buscar en unos mercados financieros absolutamente opacos y sin ningún control ni regulación eficiente. Tampoco es nuevo: la total libertad para la movilidad de los capitales y la falta de mecanismos de control genera crisis periódicas. Es urgente encarar la regulación global de los capitales. Suena fuerte, hasta iluso, lo sé. Debió de pasar lo mismo cuando, en el tránsito de los mercados locales a los nacionales, alguien propuso regulaciones nacionales para poner orden en el sistema. Pero no hay otro camino, salvo que alguien haya decidido continuar su bacanal en otras mesas. Tras la burbuja de las punto com, la inmobiliaria y la financiera, ¿no estarán pensando en trasladar la especulación a las materias primas -incluido el petróleo- y los alimentos?
Urge un compromiso de los gobiernos para empezar a regular globalmente los mercados de capitales. Lo necesitamos si no queremos que la globalización sin reglas genere cada vez más diferencias sociales entre países y entre personas dentro de cada país. Lo necesitamos si queremos combatir el terrorismo internacional y el local. ¿No es evidente que los flujos económicos del terrorismo utilizan la opacidad de los mercados financieros para mantener sus actividades? Lo necesitamos si no queremos que se acabe cumpliendo el diagnóstico que hizo Manuel Castells hace unos años, cuando vaticinó que la economía criminal ocuparía cada vez más el espacio de la economía legal, y que sustituiría a los estados, empezando por los más débiles.
Asumir que los mercados de capitales se han de regular supone, sin embargo, asumir algunas cosas más. Que los países más ricos no pueden continuar aumentando su riqueza a costa de los pobres. Que el secreto bancario y los paraísos fiscales no pueden seguir siendo la misma autopista por la que circula el dinero de las élites, el negro y el manchado de sangre de las mafias o el terrorismo. Que las reglas del comercio mundial no pueden exigir liberalización a los países emergentes que dependen de sus materias primas, mientras en Europa y en EEUU se sigue subvencionando indiscriminadamente los precios de nuestros productos agrícolas. Que los ciudadanos de los países desarrollados no podemos seguir consumiendo a un nivel muy superior al de nuestros ingresos y nuestros ahorros. Que las empresas que cotizan en bolsa no pueden estar regidas por el dogma de «dar valor al accionista» triplicando su valor no en función de lo que hacen o producen, sino de lo que se ha especulado con ellas. Que los ejecutivos de estas empresas no pueden ser autócratas que no respondan ante nadie, salvo ante el Dios Mercado.
Pero mientras lo logramos -lo lograremos-, ¿qué debemos hacer? De momento, negarnos a socializar el coste de la bacanal. No se pueden utilizar recursos públicos para tapar los agujeros provocados por tiburones financieros que han olvidado que cuando se compra al final del ciclo y a precios astronómicos, el riesgo de pinchar es importante.
Es evidente que los riesgos son muchos. En términos de reducción de los ingresos de las comunidades autónomas, pero no hemos de mirar atrás, sino construir modelos de financiación en los que los ingresos de municipios y autonomías no dependan del grado de especulación inmobiliaria de sus territorios. También en términos de destrucción de empleo, y eso supone que se han de utilizar los recursos públicos para mejorar la inserción laboral de estas personas y ampliar la red de protección social. También nos hemos de negar a que se aproveche la crisis para profundizar en políticas de desregulación laboral o de ajuste. No necesitamos otra reforma laboral, porque las causas no están en las leyes laborales y porque no es necesario cambiar las leyes cada año: solo hace falta que se cumplan. Tampoco necesitamos ajustes salariales. Es cierto que la inflación es muy alta y perjudica a los sectores industriales exportadores, pero la causa de la inflación no son los salarios. Y menos los de los sectores, como la hostelería, que combinan salarios más bajos y elevados beneficios.
Este es el momento de utilizar los recursos públicos no para continuar alimentando la espiral especulativa, sino para minimizar los riesgos del ajuste. Estas políticas necesitan un sistema fiscal fuerte y justo, y un cambio en el modelo de financiación de las Administraciones Públicas. Y para lograrlo, lo primero que hay que hacer es guardar en un cajón todas las promesas electorales de rebajas de impuestos y de cheques-ayuda indiscriminados. Eso sí, sin dejar de trabajar por la regulación global de los mercados de capitales.
Fuentes del artículo:
- El Periódico
- comfia.info
- Foto del artículo – Toño Vega
