Se cumplen hoy diez años de la rotura de una balsa en Aznalcóllar, relacionada con una explotación minera de la empresa sueca Boliden, que ocasionó una riada tóxica por vertido al río Guadiamar desde Sevilla hasta Doñana, con consecuencias ecológicas desastrosas, cuyas tardías consecuencias por la incorporación tóxica a las cadenas tróficas, será un nuevo problema, ojalá nos equivoquemos, pasados algunos años más.
Seis mil hectáreas quedaron arrasadas por lodos tóxicos y, aunque hoy recuperada en gran parte mediante un corredor verde que alcanza a Sierra Morena, aún se deben mantener inversiones en la total recuperación, como demandan organizaciones ecologistas, y no se han depurado suficientemente las responsabilidades, en tanto que Boliden sigue sin pagar a las administraciones públicas los aproximadamente noventa millones de euros demandados por la limpieza y regeneración de los suelos y aguas comprometidos, enmarañada y protegida en un desaguisado judicial de quién es y no es competente en el juicio de tal responsabilidad económica, e intentando trasladar todo el peso del desastre a las empresas a las que encargó la seguridad de las balsas, lo que se entiende como intento de blanquear una culpa, pues no le deja de corresponder, sea por acción, sea por omisión de contratante y responsable última de todo lo referente a su explotación minera.
Evidentemente, esta catástrofe también dejó al desnudo algo que no es novedad, desgraciadamente: los servicios de inspección pública están infradotados de personal y presupuesto, y se comportan como ineficaces. En esto, en la construcción, en el sector gastronómico, sanitario… Lo cual significa que, si algo de esto no vuelve a ocurrir, probablemente será porque no ocurra, no porque realmente las administraciones velen porque no pueda ocurrir.
