Izquierda Republicana Andalucía

300 millones de euros, como anticipo de la llamada deuda histórica, abonará el gobierno central al gobierno andaluz, según se puede leer en estos días en diversos medios de comunicación.

Este tema, eternizado sin motivo, es una reivindicación reconocida ya desde el anterior estatuto andaluz (año 1981), como justa en consonancia con las circunstancias socioeconómicas específicas de Andalucía en su devenir histórico: “Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo” (Estatuto de Autonomía de Andalucía. Disposición adicional segunda.1981).

Igualmente, vuelve a parecer en el nuevo estatuto de 2007 como disposición adicional segunda. De su lectura se desprende que tras años de dilación injustificada e injustificable, el pago desde la fecha de entrada en vigor de este Estatuto (marzo de 2007) en adelante, de la llamada deuda histórica, para compensar la imposibilidad de prestar servicios transferidos mediante la aprobación de asignaciones complementarias, queda subordinada a cómo se aprueben los Presupuestos Generales del Estado español, hasta un máximo de plazo total que cumple en 2010, lo que supone un incremento bochornoso de un, ya de por sí, insostenible retraso.

El abono de la deuda autonómica acumulada heredada de los incumplimientos del gobierno central queda, para colmo, también dependiente en su cuantía del acuerdo en la Comisión Mixta gobierno central – gobierno andaluz, es decir, de una nueva subordinación y previsible rebaja, según lo visto hasta hoy tras los múltiples gobiernos del sr. Chaves, y observando que mientras el gobierno andaluz la cuantifica en 1500 millones de euros, otros partidos alcanzan a plantear 7500 millones, como es el caso de IU.

Así, transcurridos 27 años desde la entrada en vigor del primer estatuto andaluz, el asunto deuda no acaba de resolverse porque siendo causa justa, para el gobierno central siempre fue una pesadilla que torear y para el andaluz algo que retomar a empellones, básicamente y de forma beligerante por parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida y, por supuesto, ante citas electorales como un elemento más de propaganda.

En definitiva, siendo cosa justa reconocida su existencia y derecho de percepción como asignación económica específica para ciertas transferencias en materia de sanidad, educación, vivienda…, el gobierno andaluz insiste en su dependencia de cómo respire el gobierno central a la hora de cuantificar y cobrar, ya con exceso de demora y sin intereses claro. Tras el anticipo de 120 millones (gobierno Aznar), ahora 300 millones (gobierno Zapatero), de algo aun no cuantificado, injustificada e injustamente retrasado.

Todo un agravio, toda una agresión más a quien, según el concepto democracia, corresponde el ejercicio de la soberanía, y a quien sus representantes electos se deben sin excusas: el pueblo andaluz.